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20/10/2011
CLAVES PARA EL DESARROLLO
El crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente, para que un país con todos los recursos que posee, pueda desarrollarse en condiciones de igualdad social y estabilidad institucional. En este año electoral todas los esfuerzos están puestos solamente en la llamada "campaña" electoral de manera tal de capturar a un electoral que todavía no tiene bien en claro cuáles son las distintas propuestas. Pero todavía no he escuchado a ninguno desarrollar una ponencia en la necesidad de producir un nuevo "Pacto Fiscal" entre la Nación y las provincias.
Y eso que no se trata de una discusión nueva, porque a partir de la Reforma de la Constitución de l994, se plantea en su Artículo 75 que es función del Congreso la sanción de una Ley Convenio que contemple criterios objetivos y solidarios de reparto delos ingresos federales que tributan las provincias.-O sea legislar para una nueva Ley de Coparticipación Federal, para que las provincias no deban estar sometidas a la Nación y sus Gobernadores subordinados a sus políticas de Estado privándolos de una autonomía que le son necesarias para desarrollar sus propios planes de gobierno.
Se trata de un "juego" político en el que nadie quiere perder, y nadie se atreve a mover la primera pieza so pena de quedar marginado del actual reparto. En primer lugar hay que comenzar por decir que al no haber una Ley Nacional de Coparticipación Federal, el sistema está regulado por una norma transitoria (la Ley 23.548) sancionada en l988 por iniciativa del entonces Gobernador Antonio Cafiero bajo presión delos déficits que exhibía la Pcia. de Bs As.
Fue así que Cafiero junto a Raúl Alfonsín encararon la tarea y a los pocos meses salió la norma que tomó como coeficiente el promedio de lo que había negociado el gobierno nacional con cada una de las provincias. En otras palabras, la ley de Coparticipación nació como consecuencia de la urgencia dirigencial y no como producto de un debate profundo sobre intereses a largo plazo.
Actualmente esta carencia puede verse reflejada en la enorme disparidad que presenta la distribución delos ingresos fiscales en todas las provincias. Un ejemplo claro es el de Neuquén, que cuenta con el enorme aporte de las regalías que le dejan sus recursos naturales y sin embargo le corresponden un porcentaje similar al de Jujuy. O la Prov. Bs. As. que siendo el distrito de mayor población, recibe proporcionalmente cuatro veces menos que Tierra Del Fuego. Y ni hablar de Entre Ríos que actualmente está compensada por "bajada" de línea económica a través dela obra pública, pero que no dispone de una mayor partida para ejercer otras políticas de estado provincial.
En cuanto a la distribución primaria la Ley vigente solo establece un piso de 34% para los valores trasladados a las provincias. Además hay que destacar, y esto merece otra discusión parlamentaria, es que no todos los impuestos son coparticipables, como las retenciones y el impuesto al cheque. Por lo que la Nación recibe una suma inmensamente superior proveniente del esfuerzo de las provincias.
Mientras tanto, la lógica del oficialismo, sostenida en un superávit fiscal alto, además de un crecimiento del consumo interno, hecho que es innegable, y una mejora en la recaudación de impuestos indirectos, se sostuvo en un aumento de los fondos coparticipables. Pero aun así la Nación no devuelve a las provincias más del 30% esto trajo como consecuencia año, tras año, un desajuste en las cuentas provinciales que entraron en un endeudamiento consolidado de difícil amortización.
Además se hace imperativo reemplazar la Ley de Entidades Financieras que data dela época de la dictadura con enormes beneficios a la especulación bancaria. O sea que ausente por varios largos años el debate por los fondos federales se hace imprescindible si las provincias y sus gobernantes quieren gozar de autonomía a la hora de aplicar las políticas por las cuales fueron elegidos. No hay que olvidar, incluso para algunos dirigentes que se dicen de algún partido Federal, que al igual que la conformación de las Cámaras legislativas o la división de poderes, la distribución de los recurso federales es uno de los pilares en el diseño institucional del sistema Federal. Sin embargo no he escuchado a ninguno de los actores de este "teatro" político expresarse en ese sentido.
Hay que recordar que la Historia nos enseña que a partir de la consolidación del Estado Unitario, precedido por feroces luchas intestinas para doblegar a las provincias, no sólo significó la unificación del régimen político, sino también loa concentración de los recursos financieros y fiscales en manos de un a administración central. Por eso creo que ha llegado la hora de la finalización de la concesión de soberanía que han efectuado las provincias en favor del poder central.
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